Fiscal general evita a Contrataciones Públicas para compra de vehículos

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, fue beneficiado por la Corte Suprema con la suspensión de efectos de una ley y ya no tendrá que tener la autorización de Contrataciones Públicas para adquirir equipos de transporte para la flota del Ministerio Público. Díaz Verón ya había accionado para evitar rendir cuentas de sus gastos reservados al Congreso.

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Los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Víctor Núñez, integrantes de la Sala Constitucional, hicieron lugar al pedido de suspensión de efectos del artículo 207 de la Ley N° 4848/2013, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2013”, y del artículo 379 del Decreto Reglamentario N° 10480/13, que lo pone en vigencia.

El fiscal general accionó contra el artículo 207, que establece: “Durante el ejercicio fiscal 2013, los organismos y entidades del Estado no podrán adquirir equipos de transporte sin expresa autorización del Equipo Económico Nacional, conforme a un tope establecido para ello.

Los Poderes Legislativo y Judicial podrán realizar las adquisiciones en el marco de la Ley N° 2.051/00, ‘De Contrataciones Públicas’, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria y con las necesidades institucionales, con autorización expresa de su máxima autoridad, conforme a su independencia funcional, sin requerir autorización del Equipo Económico Nacional teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 3° de la Constitucional Nacional.

En la adquisición de equipos de transporte livianos, los organismos y entidades del Estado deberán optar por vehículos del tipo flex, híbridos o eléctricos hasta un 30% del parque automotor a ser adquirido”.

La CSJ argumentó escuetamente para suspender los efectos de la ley, que el artículo 553 del Código Procesal Civil establece que “la interposición de la demanda no suspende los efectos de la ley, decreto, reglamento, acto normativo o disposición impugnada salvo cuando la Corte Suprema así lo dispusiere, a petición de parte, porque su cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicio irreparable. Dicha resolución se dictará de inmediato y sin sustanciación”, se desprende del fallo N° 343 que tiene fecha de 20 de marzo pasado.

Contra gastos reservados

Javier Díaz Verón ya planteó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 217 de la Ley 4848/2013, que prevé los “gastos reservados” dentro del Presupuesto General de la Nación.

El fiscal general no quiere rendir cuentas al Senado del uso de ese dinero, y en ese concepto le fue asignado nada menos que G. 2.479.146.231, mismo monto manejado en el 2012. El presupuesto total del Ministerio Público para el ejercicio fiscal de este año es de G. 524.460.521.286.

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