El actual titular de la SEN, Rafael Valdez, afirmó recientemente que las plantas desalinizadoras eran inservibles y que una de ellas solo sería usada como depósito.

“Lo que voy a hacer es una verificación in situ del funcionamiento de las plantas y de las edificaciones, de acuerdo al presupuesto ejecutado. La constitución se va a hacer con técnicos del Laboratorio Forense”, explicó Fernández, quien dijo que la diligencia se llevará a cabo en la semana próxima, en fecha a confirmar.

El agente fue designado por el fiscal adjunto, Carlos Arregui, para investigar una denuncia realizada en diciembre del año pasado por los senadores Carlos Soler y Sebastián Acha, sobre supuesto negociado con dichas obras, realizadas en Villa Choferes del Chaco y Tte. 1° Irala Fernández, entre los años 2009 y 2011.

La denuncia señala que el Estado sufrió un perjuicio de más de G. 5.000 millones y destaca que de las dos desalinizadoras, solo la de Villa Choferes del Chaco funciona, pero a medias.

Según los datos manejados por los denunciantes, la misma solo alcanza a producir 60.000 litros diarios, pese a que debió generar 200.000 litros por día.

Esta presentación se realizó con base en el informe final de la auditoría que realizó la Contraloría General en las dos plantas, cuyo resultado fue remitido a la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la denuncia, la CGR detectó que en la construcción de ambas plantas desalinizadoras existe al menos un sobrecosto de G. 224 millones.

La inexistencia de documentos de los gastos realizados y la presentación de papeles como documentos respaldatorios que no condicen con los trabajos realizados, son otras de las irregularidades verificadas.

A la par de los preparativos para la constitución, Fernández realiza otras diligencias tendientes a esclarecer el caso.

La primera medida adoptada por el fiscal de delitos económicos y anticorrupción fue solicitar informes al ente contralor. Actualmente, realiza un examen de los documentos correspondientes a la ejecución de las obras.

Camilo Soares también enfrenta otro dilatado proceso por el presunto perjuicio de G. 1.224 millones con sobrefacturación de alimentos.