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La primera imputación que se formuló en el caso Maxton, por las fiscalas Estela Marys Cano y Alba Rocío Cantero, da cuenta de que el asalto a la firma de seguridad se registró el pasado 13 de abril.
Los asaltantes llegaron hasta el lugar a bordo de una camioneta y arma en mano redujeron a los propietarios y guardias.
Luego tomaron unas 30 cajas de seguridad y huyeron. El vehículo fue posteriormente abandonado.
Recién al día siguiente este rodado fue denunciado como robado por Sergio Rodríguez González, en la comisaría séptima metropolitana.
“De las constancias obrantes en la carpeta fiscal, se tiene que el vehículo mencionado habría sido utilizado en el supuesto robo agravado, ocurrido en fecha 13 de abril de 2014, denunciado por la Sra. Rossana Morel”, dice la imputación de las fiscalas.
Rossana Morel es una de las propietarias de Maxton. Lo llamativo es que el robo de esta camioneta, de la marca Hyundai tipo Santa Fe, fue tramitado como uno más y por el sistema de “turnos” quedó a cargo de fiscal Villalba, que no tenía nada que ver con el caso Maxton.
Sin embargo, por resolución número 334, Villalba devolvió el rodado a Juan Francisco Rodríguez Rivarola, quien se presentó como el propietario. La fiscala del caso Maxton en ese momento era Marlene González Ovelar, quien nunca tuvo intervención sobre esa camioneta.
En junio se conformó un nuevo equipo investigador a cargo de las fiscalas Cano y Cantero. Como parte de la investigación, funcionarios de la fiscalía fueron a buscar el vehículo de la comisaría sétima para realizar el peritaje y se encontraron con que ya no estaba el rodado.
Ante esta situación, las fiscalas requirieron a su colega conocer el motivo por el cual había entregado una evidencia relevante. Nunca hubo una respuesta de Villalba a ese requerimiento.
Lo concreto es que recién el pasado 29 de agosto, la fiscalía logró recuperar ese vehículo, y luego imputó a Silvio Velázquez, quien tenía en su poder el Santa Fe.
Este hecho se suma a la ya cuestionada figura del fiscal Villalba, quien está imputado por cohecho pasivo agravado (coima), que tiene una expectativa de penas de cinco años de cárcel.
Villalba está imputado por la fiscalía anticorrupción, además suspendido y enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento.
Hasta ayer, el juez Alcides Corbeta no podía procesar al funcionario debido a que el Jurado no comunicó aun el desafuero del funcionario del Ministerio Público.
Paralelamente, el fiscal René Fernández indaga una red de intermediarios que estaría asociada a Villalba.
La denuncia fue hecha por el abogado Daniel Mitjans, procesado en dos causas y con arresto domiciliario a instancia de Villalba. El que recibió la coima fue Ariel Venialgo, secretario del senador colorado Enrique Bacchetta.
Ordenan auditar causas
La auditoría de todas las carpetas fiscales que estaban a cargo del fiscal Rubén Villalba fue dispuesta ayer por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
La resolución fue remitida a la Dirección de Control de gestión a cargo del abogado Jorge Levedich.
El pasado martes el fiscal Díaz Verón dispuso por tres meses la suspensión administrativa de Villalba, quien fue sustituido por Rocío Cantero.
La oficina de Villalba fue allanada el pasado viernes por sus colegas Victoria Acuña y Yolanda Portillo, en busca de evidencias sobre supuestas coimas denunciadas.