La agente pidió el “archivo” de la denuncia contra personas innominadas por incumplimiento del Decreto del Poder Ejecutivo N° 10546 de fecha 22 de enero de 2013, en el cual se estableció la suma de G. 2.100 como precio por pasajero, por prestación del servicio de transporte público en el área metropolitana de Asunción. Los transportistas, sin embargo, acataron luego esta reducción del pasaje.
“La denuncia refiere que se tomó conocimiento a través de los medios de comunicación del incumplimiento del decreto por empresarios y choferes de transportes públicos, quienes a pesar de la comunicación de la vigencia de la nueva tarifa seguían cobrando la suma anterior de G. 2.300”, explica la agente.
Sobre la procedencia de la denuncia, la investigadora aduce que no reúne los requisitos constitutivos de delito alguno, debido a que “el hecho de haber cobrado una tarifa diferente a la establecida en un decreto representa una infracción a una Ley Administrativa, la que establece las sanciones correspondientes para los hechos de esta naturaleza, debiendo aplicar multas a los propietarios de los vehículos como consecuencia de la comprobación sumaria de la infracción”, especificó.
Rojas tampoco encuentra un “desacato”, porque la orden no provino de autoridad judicial competente.