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La acusación por cohecho pasivo agravado (coima) fue presentada por los fiscales de Delitos Económicos Luis Piñánez y Victoria Acuña, y se incluyó también al funcionario del despacho del entonces ministro, Carlos Miguel Lesme, y al abogado Juan Carlos Ávila Meza.
Por esta causa ya fue acusado el facilitador Rafael Ramírez, funcionario cercano del entonces ministro.
De acuerdo a la acusación fiscal, durante los meses de diciembre de 2017 a julio de 2018, Miguel Óscar Bajac Albertini, en ese entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia, solicitó a Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta, esta última propietaria de la firma Cal Agro SA, el pago de sumas de dinero que ascendían al 5% del monto del capital establecido en un juicio de Cal Agro SA contra la Industria Nacional del Cemento (INC), sobre una indemnización de daños y perjuicios por 3.700.000.000 de guaraníes.
El monto supuestamente solicitado representaba nada menos que 50.000 dólares americanos.
Según los investigadores, el propio Bajac se reunió varias veces con los denunciantes en su mismo despacho y solicitó a Felipe Nery Páez “formalizar un acuerdo con un abogado designado por él”.
Para el efecto el ahora ex- ministro designó a Juan Carlos Ávila, con quien los denunciantes firmaron un pacto de cuota litis para hacer pasar la coima como parte de honorarios profesionales.
En la cláusula tercera de ese contrato aparece que los “honorarios” iban a ser abonados una vez que se confirme la sentencia de indemnización de segunda instancia. El “contacto”, además de Bajac, era el funcionario Carlos Lesme.
Antes de que se emitiera el voto, Bajac exigió 50.000 dólares, según los fiscales, y en procedimiento encubierto del 5 de julio de 2018 cayó el facilitador Ramírez con una coima de G. 50 millones.
Revió su voto tras el escándalo
El exministro de la Corte Miguel Óscar Bajac cambió su voto y lo emitió en contra del empresario denunciante un día después de que su funcionario allegado Rafael Ramírez reciba la coima de G. 50 millones en la misma explanada del Palacio de Justicia, en el medio de un operativo encubierto.
A su vez, una de las pruebas más importantes del Ministerio Público tiene que ver con la pericia del cruce de llamadas y análisis de comunicaciones que Bajac mantuvo más de 300 veces, a través de un número telefónico que no estaba a su nombre, con el coacusado Juan Carlos Ávila. Fue en el lapso de tiempo del negociado de la coima. Pese a esto, en su indagatoria, el abogado había dicho que solo conocía al entonces ministro “a través de la profesión”.