Critica con sutileza la floja actuación del magistrado: “Asimismo, en caso de que una de las partes incurra en alguna de estas faltas, el ordenamiento procesal y acordadas vigentes de la Corte Suprema de Justicia otorgan suficientes facultades a los jueces, para la aplicación de sanciones disciplinarias con la finalidad de la preservación de la regularidad del proceso”.
Luego pide con fuerza que se tomen las acciones que correspondan, lo que implica un castigo para Garbellano.
“En el presente caso, y existiendo suficientes elementos de convicción, exigimos enérgicamente al juzgado penal interviniente la iniciación de los trámites para la imposición de una ejemplar sanción al responsable de tales hechos”, concluye la nota.
Juez podía sancionar
“La actitud de Garbellano fue de burla hacia la majestad de la justicia. Atenta directamente contra la imagen del Poder Judicial, en consecuencia, afecta gravemente la credibilidad de esta, como institución seria de un poder del Estado, ante la investidura de la magistratura y del Ministerio Público”, dijo a ABC el juez de paz de Yabebyry, Misiones, Camilo Javier Cantero Cabrera.
Para Cantero Cabrera, el magistrado Sosa tiene todas las herramientas a su disposición para resguardar del debido decoro y respeto hacia la autoridad judicial.
“Una de las manifestaciones más habituales para guardar el decoro en las audiencias judiciales lo constituyen las sanciones correctivas y disciplinarias decretadas por los jueces, en ejercicio de la potestad disciplinaria de la cual están investidos, tal como lo habilita el Código Procesal Civil y el Código de Organización Judicial de nuestro país. Garbellano atentó contra la dignidad de la magistratura y faltó el respeto a la investidura del juez y de la fiscala actuante, al no guardar la compostura y el decoro en la audiencia”, explicó el juez, quien consideró lo ocurrido una burla a la justicia.
Las nuevas investigadoras
Las fiscalas Claudia Criscioni, de San Lorenzo y María Stefanía González, de Villa Elisa, son las nuevas investigadoras del robo de las joyas pertenecientes a Armando Benítez.
Ayer, a la mañana, la fiscala Celeste Campos Ross pidió al fiscal adjunto de Central, Patricio Gaona, que la separe del caso debido al maltrato del cual fue objeto. Además anunció la posibilidad de presentar querella contra Luciano Garbellano.
El fiscal Gaona separó del caso a Celeste Campos, nombró como titular a Claudia Criscioni y como coadyuvante a María Estefanía González.
La causa es tramitada en el juzgado de Luque a cargo del juez Alberto Sosa.