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El requerimiento conclusivo fue presentado por un equipo de fiscales encabezado por Juliana Giménez, en el Juzgado Penal de Garantías número 5, a cargo de Amílcar Marecos, y es por los hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
La acusada fue presidenta de la empresa Strong SA, en el periodo 2010-2012, y en tal carácter habría remitido fuera del país, a través de diferentes cuentas habilitadas en los bancos Regional, Sudameris y BBVA, la suma de 292.449.287 dólares por supuestos pagos a proveedores de mercaderías. Sin embargo, las importaciones alcanzaron menos del 1 por ciento de dicho monto, según informó la Dirección Nacional de Aduanas, refiere parte de la acusación.
Con relación al caso, están sometidos a proceso 8 implicados. Además de Sady Elizabeth Caríssimo, figuran Nilsa Stella Romero de Duarte, Alcides Ramón González Bazán y Liz Rosana Barboza, quienes están con medidas alternativas a la prisión preventiva. Mientras Víctor Andrés Lara Barboza, Ángel Ignacio Núñez, Durga Prassad Bhanwarl al Pareek y Blásida Myrian Álvarez Gallardo están recluidos en prisiones de Ciudad del Este. En tanto, Felipe Ramón Duarte Villalba, Tai Wu Tung, Zulma Catalina Duarte Villalba, Óscar Vicente Céspedes Fernández, Cristian David Larrosa, Juan Gabriel Rolón Servián, Ilo Antonio Oliveira, Nancy Rossana Giménez Alvarenga, Édgar Feliciano Candia González, Amado Ramón Cardozo Vega, Cristóbal Darío Mendoza, María Graciela Villalba Pereira y Alberto Enrique da Silva Bartels están prófugos y declarados rebeldes por la Justicia.
Según los antecedentes, los encausados habrían formado una asociación dedicada a blanquear capitales, ocultando el origen de las sumas de dinero. Para el efecto, utilizaron personas jurídicas que estaban inactivas y firmas “fantasmas” a fin de facilitar las remesas al extranjero.