Fiscalía perita balas importadas para la Corte, pero vendidas a particulares

El Ministerio Público ordenó una pericia para saber si las municiones 5.56, importadas a nombre de la Corte y luego comercializadas a civiles, son o no de guerra. Del resultado de esta diligencia dependería el avance de la investigación. Hay injerencias para blanquear el caso.

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El fiscal adjunto Alejo Vera informó que se aguarda el resultado de la pericia. Con base en el peritaje, el Ministerio Público resolverá las diligencias a hacerse.

En caso de que el perito diga que no es de guerra, la fiscalía no impulsaría ninguna investigación. Esto es lo que se puede deducir.

Sin embargo, existen numerosos otros indicios de que hacen presumir que se estaría ante un feroz negociado, que salpicaría sobre todo al Ejército.

El caso saltó a la luz pública luego de que las municiones importadas a nombre de la Corte Suprema hayan sido comercializadas en la casa Yamgo de Asunción.

El hecho fue denunciado ante la máxima instancia el 7 de febrero pasado. El entonces titular de la Corte, Víctor Núñez, el 13 de febrero ya remitió los antecedentes al fiscal general, Javier Díaz Verón y advirtió la gravedad del hecho.

Empero, hasta ahora la investigación del Ministerio Público casi no avanza.

Según fuentes, existen grandes intereses detrás del caso y se estaría maniobrando para que todo quede en el clásico oparei.

Los antecedentes revelan que en el 2010, la empresa Comtecpar de Carlos León fue adjudicada para proveer armas y municiones a la Corte por G. 700 millones.

Entre otras cosas, tenía que importar 3.000 municiones 5.56 y 15 fusiles. Sin embargo, la firma trajo 12.500 balas y 20 armas.

La importación se hizo con autorización de Dimabel, que dice que se basó en una orden de compra de la jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte, Fátima Insfrán.

Las municiones que fueron importadas demás se comercializaron a civiles y a la Senad, a un precio mucho mayor de lo que compró la Corte, que fue de G. 6.900 cada una. Los cinco fusiles se vendieron a la Secretaría Antidrogas al doble del precio. Todo esto evidencia que se estaría ante un negociado, con la presunta complicidad de la autoridades de Dimabel, cuyo titular es el general Carlos Campos Krauer. Igualmente, el Registro Nacional de Armas, en donde está como jefe el teniente coronel Óscar Villagra.

El Ejército

El verdadero negociado estaría en el Ejército, ya que compró armamento por más de G. 22.000 millones de la empresa Comtecpar.

De acuerdo a las fuentes, la Fiscalía tendría que revisar si cuantas armas y municiones adquirió el Ejército, y cuantas se importaron. Además, si se le entregó todo el material bélico por el cual pagó. En este punto tiene mucho que explicar el Departamento de Adquisición de Armamento y Material del Ejército, a cargo del teniente coronel Héctor Grau. La investigación, que debería ser compleja en referencia a la compra realizada por las Fuerzas Armadas, hasta ahora se cierra en lo de la Corte. Para peor, es poco o nada lo que hizo hasta ahora la fiscalía, pese a que se designaron tres fiscales, Sandra Quiñónez, Francisco Ayala y Federico Delfino.

Pleito entre los socios

- La empresa Comtecpar está presidida por Carlos León, quien mantiene un pleito judicial en el fuero civil con su socio Rubén González Peralta, quien exige rendición de cuenta y reparto de las ganancias.

- León alega que González Peralta nunca aportó un solo guaraní y que no tiene por qué reclamar nada.

- Comtecpar es proveedora, además de la Corte, de los Ministerios de Defensa Nacional, Justicia y Trabajo y del Interior.

- Según datos de Contrataciones Públicas ya facturó al Estado G. 87.000 millones. Sin embargo, León asegura que es mucho menor lo que su empresa ganó.

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