El fiscal antisecuestro Javier Ibarra imputó secuestro, extorsión, extorsión agravada, asociación criminal y privación ilegítima de libertad a Mabel Martínez de 40 años. Además requirió al juzgado su prisión preventiva.
Ayer a la mañana se abstuvo de declarar en la fiscalía antisecuestro. Estuvo acompañada de la abogada Norys Pedrozo, quien no quiso realizar declaraciones a la prensa. Posteriormente fue llevada a la comisaría de mujeres.
Según los datos, tras el secuestro Mabel Martínez fue a Argentina con Genaro Vidal Blaires.
Cuando su pareja cayó el 6 de marzo de 2012 en Buenos Aires, Mabel presentó un documento de su hermana y con ello zafó la posibilidad de una captura.
El pasado sábado a la noche fue detenida en Coronel Oviedo por agentes del departamento antisecuestro de la Policía Nacional.
Cerca de la medianoche fue traída a Asunción. Expertos de dactiloscopia la sometieron a la prueba de AFIS, cuyo resultado confirmó su identidad.
“La mujer fue detenida luego de un trabajo de inteligencia en Coronel Oviedo. Con ella ya están detenidos siete de la banda de ocho secuestradores, solo nos queda por detener a un integrante más del grupo dijo el subcomisario Jorge Olmedo. Agregó que ella no contaba con documentos de identidad en el momento de la detención, “pero sabíamos que se trataba de ella, por eso la arrestamos”.
Siguió diciendo: “Presumíamos primero que ella había cruzado a la Argentina, pero luego de mucho trabajo de inteligencia llegamos a ubicarla y la aprehendimos”. La contadora Dalia María Scappini Campos tenía 31 años cuando fue secuestrada sobre la calle General Raimundo Rolón, detrás de la cancha del club Guaraní, el martes 30 de agosto, a las 7:45. Permaneció cautiva durante 134 horas, hasta que fue liberada el domingo 4 de septiembre, a las 21:45, cerca del Autódromo Aratirí de Capiatá, en el kilómetro 16 de la Ruta II.
De acuerdo con la pesquisa, los secuestradores primeramente solicitaron a los familiares el pago de US$ 1.200.000 para dejarle ir, que luego bajaron a US$ 500.000.
Los fiscales acusadores fueron Federico Delfino y Francisco Ayala.
Delfino actualmente está de vacaciones, mientras que Ayala dejó el Ministerio Público para ejercer la profesión de abogado. Interina Javier Ibarra.
Son querellantes adhesivos los abogados Carmelo Caballero y Angelina Luna.