Enrique Juan Gill Ayala, Santiago David Bolla Céspedes y Félix Abraham Duarte Rivelli son las personas procesadas con relación al caso.

La imputación refiere que el 26 de octubre de 2010 Organización Siglo XXI, a través de su apoderado Santiago Bolla, ofreció en venta al Indert un inmueble de poco más de 1.459 hectáreas ubicado en Abay, San Juan Nepomuceno, individualizado como finca N° 27.

Posteriormente, el 27 de setiembre de 2011, por intermedio de Félix Duarte (previa autorización de Bolla), Organización Siglo XXI ofreció nuevamente al Indert la misma propiedad, entonces superpuesta con otros dos inmuebles.

El entonces presidente del Indert, Ing. Marciano Barreto, por Resolución 3172/11 de noviembre de 2011, autorizó el pago de G. 11.398 millones a la firma Organización Técnica Siglo XXI SACIEI por unas 1.086 hectáreas. Tras constatarse la superposición de propiedades, el Indert anuló la operación.

“Se hizo una maniobra porque la empresa Siglo XXI a la fecha no tiene domicilio conocido ni su representante legal. Existió seguramente en su momento, pero cuando hicimos una constitución en el lugar los vecinos dijeron que no les consta que ahí funcione ninguna empresa. Y ese es el domicilio legal que la firma da a la Subsecretaría de Estado de Tributación y que aparece en los datos de esta firma como contribuyente. El representante legal Juan Gill fija también domicilio en ese mismo lugar”, explicó la fiscala Delvalle.