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La fiscala Josefina Aghemo comunicó al juzgado de garantías de turno, el 12 de febrero pasado, el inicio de la investigación penal al abogado y exministro del Interior Carmelo Caballero.
La decisión de la agente fiscal fue tomada luego de que en diciembre de 2018 la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) remitió un informe acerca de operaciones sospechosas y en los que habría además inconsistencias.
El informe de la Seprelad no fue revelado por la fiscala Aghemo porque existe una expresa prohibición legal para difundir este tipo de datos.
Sin embargo, se sospecha que las operaciones que habría realizado el abogado Caballero superarían el millón de dólares.
Por otro lado, la representante del Ministerio Público manifestó que no puede afirmar ni descartar que el dinero obtenido supuestamente a través de medios ilícitos, sea producto del tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en el que presuntamente tuvo participación Caballero, por medio de aprietes a jueces y fiscales para obtener resultados favorables en diversas causas que se tramitan o tramitaban en los tribunales.
Según las fuentes, una parte de la investigación penal correspondería al periodo en que Caballero se desempeñó como ministro del Interior, desde junio de 2012 hasta el 2013.
En el caso audios
Caballero fue acusado por el Ministerio Público en el caso de los audios filtrados desde el JEM, en los que se desnudó la forma en que se realizaban las extorsiones a jueces y fiscales para obtener beneficios económicos de las causas tramitadas.
Caballero, junto al exsenador colorado Óscar González Daher, así como al exsecretario del JEM Raúl Fernández Lippmann, deben enfrentar audiencia preliminar los días 25, 26 y 27 de febrero, por los hechos de tráfico de influencias y asociación criminal, ante el juez Rolando Duarte.
Cárcel hasta 10 años
- El Artículo 4 de la Ley 1015, que previene y sanciona los actos ilícitos para la legitimación de bienes y activos, prevé sanción penal de dos a diez años de cárcel.
Sin embargo, “el juez podrá dejar de aplicar la pena al coautor o partícipe si este colabora espontánea y efectivamente con las autoridades para el descubrimiento del ilícito penal tipificado en la presente ley, para la individualización de los autores principales...”.