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El magistrado Sosa ya había sido suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados luego de que saltara a la luz la facilidad con la que otorgaba medidas alternativas a la prisión a “motochorros” que operaban en Luque.
Específicamente, su juzgado fue objeto de intervención tras el caso de la joven Camila Cabriza, quien sufrió un violento asalto frente a su domicilio y acusó un balazo en la cabeza, en mayo de este año.
Tras este hecho, la Superintendencia General de Justicia de la Corte Suprema realizó una auditoría preliminar y las irregularidades detectadas fueron objeto de un lapidario informe del ministro Sindulfo Blanco, quien “recomendó” la inmediata denuncia penal ante el Ministerio Público, suspensión de plazos procesales por diez días, el cambio de todas las cerraduras del juzgado, entre otras medidas.
En la víspera los fiscales de Luque, José Martín Morínigo y Andrés Arriola, presentaron la imputación por el hecho punible de quebrantamiento de depósito.
Según el escrito fiscal el 30 de mayo de 2013 Sosa Vera y la actuaria Cleider Velázquez López, además del asistente fiscal Fernando Riveros, se constituyeron hasta el depósito “La Piedad” del Ministerio Público y procedieron a retirar 116 cajas de mercaderías, valuadas en US$ 1.500.000.
De acuerdo a los investigadores, “el juez Alberto Isidro Sosa Vera entregó mercaderías que se hallaban bajo su resguardo y responsabilidad, a las cuales tuvo acceso en su calidad de Funcionario Público (Juez Penal de Garantías) sustrayéndolas de esa manera de la disposición oficial, sin que exista ninguna resolución que avale dicho acto”.
La fiscalía solicita al jurado su desafuero y luego la aplicación de medidas alternativas a la prisión.