El magistrado Amarilla también hizo lugar a la imputación de los 262 planilleros, quienes junto al diputado Nicora serán citados para la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva.

El oficio para la Cámara de Diputados, que resolverá el desafuero o no de Nicora, ya fue tramitado ayer por el juzgado a cargo de Amarilla. Ahora queda en manos de los legisladores poner a disposición de la justicia a Nicora, a quien la fiscala Nadine Portillo le atribuye el delito de lesión de confianza, que tiene una expectativa de pena de hasta diez años de penitenciaría.

Según la imputación, operadores políticos fueron contratados entre noviembre y diciembre de 2012, en plena interna del PLRA para las elecciones generales del año 2013.

Nicora usó como excusa para los contratos una supuesta huelga de los funcionarios de Puertos.

El entonces director de Puertos dijo en un informe a la fiscalía que “los contratos temporales fueron realizados a fin de cubrir cargos de personal auxiliar y asistente, previendo algún inconveniente entre los funcionarios permanentes, caso de huelga de los mismos, debido al cierre del Puerto de Asunción”.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo informó que lo que hubo fue una convocatoria de una reunión tripartita para el 26 de diciembre de 2012.

Además, la Asesoría Jurídica de la ANNP comunicó al Ministerio Público que en la institución no obra ninguna notificación oficial sobre la presunta huelga.

Por otro lado, en la Dirección de Recursos Humanos de Puertos no existe ninguna constancia sobre la contratación de un total de 352 funcionarios por parte de Nicora López Moreira.

De los 352 la fiscalía imputó a 262, atendiendo que unos cien funcionarios ya se presentaron ante el Ministerio Público, muchos de los cuales admitieron los hechos y devolvieron el dinero percibido. En otros casos se corroboró que cumplieron funciones.

El monto total de lo abonado a los presuntos planilleros, imputados por cobro indebido de honorarios por la fiscala Portillo, fue de G. 610.185.153.