El juez en lo civil y comercial Arnaldo Martínez Rozzano envió un oficio al JEM en el que le notificó que la resolución que ordena la entrega de informes a la Coordinadora estaba firme.

El JEM debe proveer las copias de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los años 2015 y 2016; la lista de 43 funcionarios contratados, sus salarios, otros beneficios, el cargo que ocupan y el horario laboral, a quienes pagaron en el 2016 más de G. 845 millones. Se sospecha que serían operadores políticos o planilleros.

De igual manera, el JEM debe entregar la cantidad de denuncias contra magistrados y fiscales que recibió la institución entre el 2015 y 2016 y el estado de las mismas; copias de las sentencias definitivas de 2015 y 2016; los autos interlocutorios dictados en estos mismos años, entre otros puntos.

La Coordinadora que preside Kattya González recurrió al amparo porque el JEM se negó a entregar los informes, pese a estar obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública.