Salas dijo a nuestro diario que ya pidió los antecedentes tanto a la Corte como a la Fiscalía General del Estado.

La máxima instancia judicial tiene que responder sobre la jueza Carla Bacigalupo, quien solicitó permiso para ser ministra de Justicia.

La Fiscalía General tiene que referirse a la situación de los fiscales Soledad Quinóñez, Jorge Kronawetter y Jalil Rachid, quienes solicitaron también permiso para ejercer funciones en el Gobierno.

Quinóñez es ministra Anticorrupción; Rachid es viceministro de Seguridad Interna, y Kronawetter, titular de Migraciones.

Los fiscales y las magistrada Bacigalupo estarían violando la Constitución, según un dictamen que en su momento fue elaborado por el Jurado de Enjuiciamiento.

La Carta Magna solo les permite dedicarse a la docencia o la investigación científica.

Según fuentes, el Jurado no tenía que pedir ningún informe, sino enjuiciar directamente a los fiscales y la jueza por mal desempeño. Sin embargo, el órgano juzgador hasta ahora se muestra muy complaciente con los afectados.

Las mismas fuentes dijeron que la Corte ya emplazó verbalmente a Bacigalupo, y el fiscal general, Javier Díaz Verón, hizo lo mismo con los fiscales. Peso a ello, todos continúan en el Ejecutivo, sin presentar renuncia ante la Corte o el Ministerio Público.

El defensor del Pueblo Adjunto, Édgar Villalba, remitió una nota al Jurado en la que cuestiona la ilegalidad de la práctica porque la figura de “permiso” no aparece “en la Constitución Nacional, en el Código de Organización Judicial, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, ni ninguna otra disposición legal”. Indicó que el artículo 270 de la Constitución establece que los agentes fiscales “tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que los determinados para los integrantes del Poder Judicial”.