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Peña McCoy recurrió la resolución de la Cámara de Apelaciones del 24 de diciembre de 2009, en su punto 3 que dispuso que las costas sean pagadas por las partes. A través del abogado Dante Gulino, Peña pretendió imponer las costas al entonces fiscal de transición Agustín Cáceres Volpe, al que acusó de “desconocimiento notorio de las leyes” por oponerse a su pedido de prescripción.