Euclides Acevedo dijo durante su exposición que desde el punto de vista del Ministerio Público, el Estado social de derecho “consiste básicamente en contribuir con la gobernabilidad de la República para lograr el fortalecimiento de la democracia con la construcción de un país que respete los derechos humanos, que respete la diversidad social, y obviamente, la Fiscalía no puede seguir siendo funcional al Ejecutivo. La Fiscalía debe ser cooperador del Ejecutivo, siendo solidario, no cómplice; un negociador republicano con el Congreso, no un mendigo, no un regateador; no ser un rival homicida del Poder Judicial, sino inteligente”.
Agregó: “Por tanto, el fiscal general del Estado debe tener una doctrina nacional democrática, debe ser una persona prudente, aunque eficaz en la producción, y por sobre las todas las cosas, debe ser modesto y participar en la organización de la protección de los más desvalidos.
Acerca de la injerencia política indicó: “Una de las percepciones mayores es que hay demasiada presión política, y la presión no es mala en sí, lo malo es el sometimiento del agente fiscal a la presión política indecorosa. Para esto yo tengo dos recursos para enfrentar: la ley y mi veteranía política”.
Con relación al padrinazgo político de los fiscales manifestó: “Lastimosamente es un proceso cultural. Los fiscales tienen que tener un mayor apego a la ley, porque la ley no se negocia, se aplica”, dijo finalmente.
La fiscala de Delitos Económicos Lidia Victoria Acuña expuso en la audiencia pública que la eficiencia y excelencia en el gerenciamiento del Ministerio Público son medidas por los resultados.
“Los que pretendemos liderar procesos de transformación tenemos que estar conscientes y defender aquellos calificativos que siempre mencionamos como el coraje, independencia, firmeza y conocimiento. Son requisitos que solo pueden ser avalados por la buena conducta y un compromiso firme ante una ciudadanía sedienta de justicia”, manifestó la agente fiscal.
Agregó: “No hay malas leyes, sino malos operadores, y esa percepción ciudadana es la que tenemos que cambiar con un compromiso firme de hacer justicia”.
Con relación al presupuesto del Ministerio Público, Acuña dijo que “a nadie escapa que para tener una buena gestión, se debe contar con un presupuesto que se adecue a las necesidades reales a la institución. La independencia presupuestaria está garantizada constitucionalmente, pero el cumplimiento de la misma merece un gerenciamiento y un liderazgo que permita hacer cumplir esas metas, y la ciudadanía debe estar también involucrada”.
Con relación a la denuncia porque no imputó al senador Fernando Silva Facetti por hechos de corrupción cuando estuvo al frente del consejo de IPS, dijo que su investigación concluyó que no hubo daño patrimonial.
La fiscala de Lambaré Blanca Agüero Trinidad empezó diciendo que no era una persona ilusa, que sabía que sus posibilidades de acceder al cargo de fiscal general le iban a resultar casi imposible. Indicó que casi fue destituida de su cargo de fiscala porque procesó a un político (por el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas).
“Pero igual, para mí es un honor presentarme para este cargo. Siempre sentí la necesidad de la justicia social, y el rol del Ministerio Público forma parte de esto porque representa a la sociedad, la defensa de las garantías constitucionales, los bienes patrimoniales, los bienes difusos, de los pueblos indígenas”, manifestó.
Agregó: “Estamos muy lejos de hacer cumplir el Estado social de derecho. Crecí en un barrio pobre, donde vi mucha gente pobre, y sentí la poca justicia que recibían. No debemos olvidar que el Paraguay está en el segundo lugar de corrupción, y que el Ministerio Público tiene una deuda inmensa con la ciudadanía. No puede ser que un fiscal entre al cargo con un vehículo ‘chileno’ y unos años después tenga tres o cuatro autos de alta gama. Es imposible con nuestro salario. Eso me indigna”.
Reconoció que participó activamente en el movimiento que llevó al abogado Claudio Bacchetta para ser miembro del Consejo de la Magistratura, y que legalmente no existe impedimento para que los fiscales activen en este tipo de gremialismo.