El tribunal de sentencia que otorgó la libertad estuvo integrado con Esther Fleitas, Héctor Capurro y Lourdes Peña.
El colegiado impuso fianza real de un inmueble hasta cubrir G. 100 millones, pero en el expediente ya estaban ofrecidos dos inmuebles valuados en G. 740 millones. El tribunal además fijó fianza personal del abogado defensor Luis Benítez por otros G. 100 millones.
Impuso además las prohibiciones de salir del país y de cambiar de domicilio sin orden judicial. El procesado deberá, igualmente, firmar el libro de comparecencia del 1 al 5 de cada mes.
Portillo debe ser juzgado nuevamente, ya que la Cámara de Apelaciones integrada con los jueces Carlos Ortiz Barrios, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias (disidente), anuló la condena con la excusa de que el tribunal de sentencia no fundamentó por qué lo condenó a 3 años de prisión.
Arias votó por confirmar íntegramente la sentencia condenatoria del 2 de junio de 2015, dictada por los miembros del tribunal de sentencia Sonia Villalba, Rosarito Montanía y Juan Carlos Zárate.
Portillo y Gamba fueron condenados por cohecho pasivo agravado (coima) y enviados a la penitenciaría de Tacumbú porque solicitaron US$ 150.000 al exdirector de Itaipú Víctor Bernal, para desligarlo de una causa penal de lesión de confianza.
Portillo fue filmado cuando recibió US$ 90.000 de parte de Bernal y luego fue detenido por fiscales anticorrupción, durante el procedimiento.