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Sin embargo, esta legislación terminó por poner trabas que, sumadas a la morosidad judicial, hicieron que adoptar se convierta en una verdadera odisea.
Son pocos los casos que concluyen en un plazo razonable. En uno de los casos expuestos, el proceso de adopción concluyó en menos de un año, gracias a la diligencia de la jueza del caso y a que la postulante, abogada, pudo hacer un seguimiento del caso.
Sin embargo, otros ciudadanos que no tuvieron la misma suerte llevan años litigando en los estrados judiciales, en muchos casos sencillamente por la falta de interés de las autoridades de hacer su trabajo.
La inacción es tal que en diferentes procesos se pueden observar plazos de meses entre una diligencia u otra, muchas veces fallida inclusive, sin que nadie se ocupe de impulsar o reiterar su realización. También hay causas con todos los requisitos, que llevan años esperando la resolución correspondiente. Pedidos de medidas urgentes que ni siquiera son diligenciados.
Peor aún, hay casos de niños simplemente depositados en un hogar abrigo, sin que ninguna autoridad se ocupe de reinsertarlo en su familia ampliada o declararlo en estado de adopción. Nada. Es como si con depositarlo en el abrigo se terminara el “problema”.
Hay 1.700 niños en distintos abrigos. Este es un problema. Y es un problema muy grave. No es posible que niños, niñas y adolescentes pasen toda la infancia en una institución, cuando esta opción fue creada con el espíritu de una medida temporal, como máximo de unos pocos meses, mientras se le reubica en una familia.
Tampoco es aceptable que familias de buena voluntad que se postulen a ser padres adoptivos deban solventar los cuantiosos gastos que conlleva litigar por varios años, ya sea por la pérdida de la patria potestad, la declaración de adoptabilidad o la adopción o los tres juntos. Ni hablemos de la angustia de la incertidumbre respecto al destino del niño y la dificultad de sobrellevar los papeleos referentes a la documentación de la criatura.
Pero más grave aún es que el Estado permanezca indiferente ante esta realidad. Es hora de que las autoridades se hagan cargo de sus responsabilidades.
¿Existe un Poder Legislativo? Pues que se encargue de hacer leyes acordes a las situaciones reales de nuestro país, en las que el interés superior del niño sea una realidad y una prioridad no solo en los papeles.
¿Existe una Corte Suprema de Justicia? Pues entonces que arbitre los medios para verificar por qué no avanzan los procesos, identifique, sancione a los responsables y se ocupe de que no vuelvan a beneficiarse de un sueldo del Estado ni un solo mes más.
¿Existe un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? Entonces, que se ocupe de destituir a los magistrados que no cumplen con su obligación.
¿Existe un Ministerio de la Defensa Pública? Pues que se ocupe de cerciorarse de que sus funcionarios impulsen la tramitación de los expedientes con diligencia necesaria para que concluyan en un plazo razonable. ¿Existe un Ministerio Público? Entonces, que investigue a las roscas que lucran con el comercio de niños y exijan la sanción correspondiente.
¿Existe un Consejo de la Magistratura? Pues que haga oídos sordos a las presiones y elija a los profesionales con suficiente capacidad y vocación de servicio para hacer simplemente lo que se tiene que hacer: impartir justicia ¡a tiempo!