Jacinto Estigarribia Mallada, presidente de Mepshow, y José Fernández Zacur, abogado de la empresa, llegaron ayer hasta la redacción de nuestro diario para dar su versión respecto a la reducción del canon.
Fernández Zacur señaló que la propia Conajzar, en su Resolución número 37 del 27 de abril de 2011, ya señaló que “iniciar proceso de licitación para una nueva concesión traería más perjuicio patrimonial al Estado”.
También recordó la Resolución 56 de Conajzar de junio de 2011, que señala: “...cancelando la licencia de la explotación de la quiniela y llamándose a una nueva licitación, significaría perjuicios para el patrimonio estatal”.
Luego, la Procuraduría, en el Dictamen N° 20/11 del 15 de marzo, señaló que antes de rescindir el contrato “la prudencia administrativa aconseja anticipar la adopción de medidas conservatorias orientadas a preservar la actividad que ocupa a la concesión del juego de azar, denominado quiniela”.
El abogado dijo que con base en resoluciones de Conajzar y la Procuraduría se hicieron dos auditorías, que concluyeron que es imposible pagar un canon mensual de G. 7.560 millones.
“Se cumplieron todas las recomendaciones que hicieron tanto la propia Conajzar como la Procuraduría y está demostrado técnicamente que es imposible pagar el canon de G. 7.560 millones”, manifestó el abogado.
Fernández Zacur señaló que no es por capricho que se promovió una demanda ante el Tribunal de Cuentas, para conseguir la reducción del canon. “Estamos convencidos de que nuestro pedido corresponde en estricto derecho y esperamos que los miembros del tribunal se expidan en ese sentido”, resaltó el profesional.
El abogado apuntó que se da la causal para modificar el contrato, porque existe causa imprevisible. Insistió en el caso de la quiniela clandestina que, según dijo, no fue combatida por la Conajzar como había prometido.
Estigarribia Mallada, por su lado, expresó que la empresa “quiere hacer bien las cosas”. Agregó que no hay intención dolosa y que el Estado en realidad sería perjudicado si se rescinde el contrato, porque no va a existir oferente que proponga pagar G. 6.100 millones por la explotación del juego de la quiniela.