El juez Alcides Corbeta fue sorteado en un primer momento, pero como intervino como abogado defensor su primo, Daniel Lobo Corbeta, se inhibió de la causa.

En este caso fueron detenidos los vendedores Guillermo Armando Gómez Martínez y René Eduardo González Machuca, quienes trabajaban para la empresa Marite SA, del mismo grupo de las firmas Soluciones Ágiles SA y Trial SA, que pertenecen supuestamente a Juan Manuel Santacruz González.

Las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma también incluyeron en el proceso a los propietarios de Marite SA, Nicolás Xavier Jara Acosta y María Teresa Acosta de Jara. Paralelamente, tres funcionarios del Juzgado de Paz de la Encarnación fueron imputados porque se confabularon para realizar notificaciones y “cédulas” voladoras en juicios ejecutivos.