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Los procesos abiertos a Enzo Cardozo, Víctor Bogado, José María Ibáñez y Enrique Salyn Buzarquis evidencian la sumisión de la justicia al poder político y en otros casos, al económico.
Los citados más arriba, sumados a otros “peces gordos”, trabaron sus procesos todo el 2015. Gracias a las chicanas “congelaron” sus causas en el año. Recién en el 2016 se tratará de impulsar los juicios a estos acusados de desviar dinero público.
La Corte, con el objetivo de agilizar los procesos, había dictado una acordada que obliga a los jueces a sancionar a los abogados e imputados chicaneros. Sin embargo, no se cumplió el propósito porque la disposición del alto tribunal es ignorada por la mayoría de los magistrados, incluso por los propios ministros, que pasaron por alto incidentes dilatorios planteados por los encausados.
Auditoría
La Corte incluso ordenó una auditoría para saber el motivo de las reiteradas suspensiones de las audiencias preliminares, en las que los jueces tienen que resolver si envían o no a juicio oral a los políticos y otros “peces gordos” acusados por la fiscalía por hechos de corrupción.
El resultado parcial de este trabajo concluyó que, efectivamente, en los procesos abiertos a senadores, diputados, dirigentes políticos, exministros, ex altos funcionarios y presuntos narcotraficantes es donde más se traba la preliminar.
¿Qué hicieron los ministros con esta auditoría? ¿Tomaron alguna medida? Al parecer nada, ya que la mayoría de los juicios a la gente con poder político o económico ya se tiró para el 2016.
LA SUPERINTENDENCIA
El artículo 259 de la Constitución Nacional establece, entre otras cosas, que la Corte Suprema es la que ejerce la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial. En consecuencia, los integrantes del alto tribunal tienen la obligación de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y buen funcionamiento de la administración de justicia en los diferentes fueros.
Los ministros deben tomar las medidas necesarias para hacer frente a la morosidad y las groseras dilaciones, que son, entre otros, los problemas que más afectan al Poder Judicial y generan el descreimiento de la ciudadanía.