Según la acusación de las agentes del Ministerio Público, el hecho se inició en el 2011 cuando la docente jubilada María Emilce Alvarenga de Godoy le firmó cinco autorizaciones a un vendedor identificado como Carlos, para que la empresa Comercial San Patricio SA le descontara de su haber jubilatorio cuotas por la compra de un congelador de la marca Gafa de 300 litros. Cada autorización que firmó la docente era para el pago de 18 cuotas de G. 85.000. Por las cinco autorizaciones sumaron un total de G. 7.650.000, a lo que se agregó, por pedido del vendedor, la firma de otras dos autorizaciones por G. 3.060.000.
A pesar de que los descuentos por el pago del electrodoméstico venían realizándose normalmente, en diciembre de 2014 la docente cobró como jubilación solamente G. 37.000.
Pidió informes a la Administración de Sueldos del Ministerio de Educación, donde le informaron que había dos juicios por cobro de guaraníes, iniciados por la firma San Patricio SA.
Tras la averiguación en el juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso, se constató que los abogados Zully Concepción Ortiz García y Dionisio Gavilán Giménez promovieron las demandas por el cobro del congelador, a lo que se agregó un equipo de sonido Philips, que la docente no adquirió.
La jubilada vive en Concepción y nunca cambió de domicilio, pero las supuestas notificaciones se hicieron llegar a tres direcciones distintas que no coincidían con el domicilio de la mujer. Además, los abogados Ortiz y Gavilán promovieron dos demandas duplicadas en el mencionado juzgado de Paz, sobre los mismos electrodomésticos, con lo que se configuró el hecho punible de estafa en grado de coautores, según las agentes del Ministerio Público.