“La Fiscalía ha presentado un requerimiento acusatorio expresando que se ha probado que mi cliente ha influido en sus subalternos. Eso señala una actuación fiscal con muy poco criterio, porque se viola el estado de inocencia y los derechos humanos. Los fiscales no pueden otorgarse funciones jurisdiccionales, ya que corresponde a un tribunal de sentencia”, explicó el abogado Mendoza.

Agregó que los fiscales faltaron a la objetividad al no diligenciar los pedidos de descargo que beneficiarían a Amarilla. Los cuatro fiscales han omitido ofrecer dichas pruebas; cercenaron el derecho a la defensa”.

El robo del dinero ocurrió el 19 de febrero pasado. Prosegur afirma que se hurtaron G. 1.840 millones.