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Por tercera ocasión suspenden preliminar en un caso de armas

Este artículo tiene 11 años de antigüedad
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Por tercera ocasión fue suspendida la audiencia preliminar del expropietario de Vip Security, Atilio Gómez Buongermini, y su esposa, Rosa Isabel Brizuela, en el caso de tenencia ilegal de armas. La Fiscalía cambió la calificación del hecho, que de tráfico de armas pasó a tenencia ilegal, y solicita penas leves. El juez Humberto Otazú debe fijar nueva fecha y resolver el proceso penal.

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El abogado Atilio Gómez Grassi, representante de su hijo Atilio Gómez y suegro de Rosa Isabel Brizuela, acercó al juzgado de Otazú el pedido de suspensión de la preliminar.

El letrado agregó el reposo médico de Brizuela por supuesta internación en una clínica privada y alegó en su escrito que su representado no podía comparecer tampoco, debido a que se quedó cuidando a sus hijos menores.

Ante esta circunstancia, el magistrado Otazú dispuso que el médico forense de turno se traslade hasta el lugar de internación, para certificar el estado de salud de la mujer. El informe lo debe presentar dentro de las 48 horas.

El juez tiene que fijar ahora nueva fecha para realizar la diligencia, en la que resolverá el pedido de la fiscala Sandra Quiñónez.

La agente solicitó solo suspensión condicional del procedimiento para Atilio Gómez y criterio de oportunidad para su esposa, Rosa Brizuela, debido a que concluyó que esta última solo transportó armas en una camioneta particular sin permiso de la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

De acuerdo a los antecedentes, el 25 de enero de 2014 Brizuela cayó con una camioneta blindada llena de armas. La investigación fue iniciada por el fiscal Rogelio Ortúzar, quien imputó a la mujer y su pareja por tráfico de armas, con expectativa de pena de 5 a 10 años de prisión, por el delito de violación de la ley de armas.

Ortúzar fue luego recusado por “amistad” por Gómez Buongermini y asumió su colega Quiñónez.

Finalmente, se cambió la calificación del hecho y quedó como tenencia irregular de armas.

El Ministerio Público solicitó medidas para Gómez, como no cambiar de domicilio por el término de 2 años, comparecencia cada dos meses a firmar el libro de asistencia y donación de 3.500 proyectiles calibre 5.56 mm, a la Fuerza de Tarea Conjunta, mientras que para su esposa pidió donación de 1.000 proyectiles, sin otras medidas.

Atilio Gómez aduce que las armas incautadas eran de su colección y que la causa fue abierta con una finalidad “extorsiva” por sus acreedores. Además, alega que armas de grueso calibre fueron “plantadas”.

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