El fallo es resultado del voto unánime del Tribunal de Sentencia presidido por Carlos Hermosilla e integrado por Sandra Farías y Wilfrido Peralta.

Los magistrados consideraron no probados los extremos sostenidos por la fiscala Josefina Aghemo, quien pidió 2 años de pena privativa de libertad para los acusados Lucila Troche, Marcial Críspulo Corvalán y Éver Espínola por supuesta frustración de la persecución penal en grado de tentativa.

Según la acusación, los auditores omitieron consignar irregularidades como provisión de una cantidad menor de productos que la prevista a los productores de dos comités de Caaguazú (Nueva Esperanza y Kuña Guapa), por unos G. 1.000 millones, de los G. 35.000 millones destinados a la Federación de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

Hermosilla destacó que las limitaciones que tuvieron los auditores para realizar la auditoría financiera y la auditoría presupuestaria, lo que hizo que solo pudieran visitar 14 de los 25 asentamientos previstos.

El magistrado afirmó que los auditores dejaron constancia de la necesidad de realizar una ampliación de la auditoría respecto a la utilización de los recursos (ver cuadro). Resaltó que el monto (frente a la totalidad de los recursos destinados) es insuficiente para servir de encubrimiento, entre otras falencias de la acusación.

La decisión fue recibida con algarabía y lágrimas de alegría por los acusados, quienes abrazaron efusivamente a sus abogados al término del juicio.

¡Por fin! Hicimos todo lo posible, cumplimos todo lo que pudimos hacer!, exclamó Corvalán. El funcionario, actualmente con 39 años de antigüedad, comentó que desde las 2:00 no pudo dormir de los nervios.

“Se hizo justicia!”, dijo a su vez Espínola, quien tiene 20 años de antigüedad.

La fiscala Aghemo dijo que hablará sobre el fallo una vez que se interiorice de su contenido íntegro, que se divulgará el 3 de enero.

Observaciones consideradas

“El equipo auditor pone a consideración su preocupación con respecto al cumplimiento del programa de verificación realizado y teniendo en cuenta el monto de las transferencias realizadas por el MAG a las distintas ONGs y comités, con recursos pertenecientes al Fonacide (...), por lo que se sugiere solicitar al contralor la ampliación de la auditoría a los efectos de tener una evaluación extensa y razonable sobre la correcta aplicación y uso de los recursos provenientes del Fonacide, correspondiente al ejercicio fiscal 2012. Esta sugerencia se debe al poco tiempo que nos resta para el análisis y verificación de los antecedentes que respaldan las transferencias de los recursos (...)” . Acta del 15/7/2013.