Bortolami refiere que tras obtener un crédito del BNT hipotecó 32 inmuebles pertenecientes a su empresa a favor de dicho banco, pero que la Sindicatura de Quiebras, entonces a cargo del síndico Luis Torres Kirmser (hermano del actual ministro de Corte), no le notificó de la demanda y posterior remate que se llevaría a cabo.
Es así que el 8 de octubre de 1998 se ordenó la venta en subasta pública de los bienes inmuebles embargados y se nombró como martillero público a Bernardino Scholz.
El remate se hizo el 29 de octubre de 1998, pero se declaró desierto al no haber postor y se fijó la base de venta en forma conjunta de los inmuebles en G. 5.513.020.957, en cumplimiento de lo que establece la Ley 861/96.
El remate se materializó el 18 de junio de 2001, donde consta que el síndico Torres Kirmser solicitó como base de venta solo G. 193.470.293, por los 32 inmuebles, lejos de los más de G. 5.000 millones solicitados en la primera subasta.
Esta considerable diferencia fue en perjuicio de la masa de acreedores y del mismo Bortolami. Según la ley, la base de venta debió ser por las dos terceras partes del total, es decir,
G. 3.675.347.305.
El BNT, por escritura pública N° 34 del 9 de julio de 2003, constituyó la cesión de derechos y acciones sobre las garantías hipotecarias a favor de Jean Daniel Camille Piot Trinidad, quien luego lo transfirió a Luis María Unger, por apenas G. 320.000.000. Las propiedades ya habrían sido vendidas en varias ocasiones.
Las irregularidades en la venta de inmuebles del BNT son una constante. A modo de antecedente, en el 2008 se denunció que el complejo habitacional de Luque, ubicado en una finca de 9.586.100 m2, fue subastada en apenas G. 365 millones.
Condena por vaciamiento
El proceso por el vaciamiento del BNT derivó en la condena de 24 personas, a las siguientes penas:
Diez años de prisión para los ex directivos Édgar Cataldi (prófugo), Mario Luján Melgarejo, Sindulfo Ramírez, Aureliano Rojas, Cecilio Rojas, Carlos Ferreira, Alcibiades Ledesma, Bruno Garcete, Andrés Pedrozo, Miguel Benítez, Balbina Maciel y Gladys García y los exbancarios Juan Carlos Ovelar, Luis F. Leguizamón, Édgar Escobar y Juan Martínez.
Siete años de cárcel para los empresarios Horacio Zelaschi y Faustino Fleitas y los sindicalistas Alan Flores (prófugo), Ronald Orrego, Gerónimo López y Fidel Báez y cuatro años para los gremialistas Reinaldo Barreto Medina y Florencio Florentín.