El fiscal René Fernández, quien tomó la declaración indagatoria, refirió que a pedido de la defensa se realizó una ampliación de la versión del procesado en este caso.
Refirió que Quesnel, efectivamente, involucró en el hecho a Franco, quien fue presidente de la República entre el 22 de junio de 2012 y 15 de agosto de 2013.
“Nosotros vamos a hacer el análisis respectivo ya que hay elementos nuevos. El imputado mencionó en esta oportunidad al expresidente de la República; así también a su hijo. Con los números de teléfonos que tenemos vamos a verificar si hubo o no comunicación”, refirió el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción al culminar la declaración.
Según la fiscalía, Quesnel explicó que retiró el dinero del Banco Nacional de Fomento por orden del exmandatario para entregárselo a los indígenas a través de la Fundación Reforeast Par.
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En ese contexto dijo que el intermediario fue Fredy Franco, hijo del expresidente, quien monitoreó las extracciones de dinero vía telefónica, hasta llegar a los G. 3.100 millones.
El abogado Rolando Cáceres Salvioni ratificó que en la declaración se mencionó al expresidente liberal.
“La presión política que él recibió para otorgar este dinero a la ONG fue por parte del jefe de él”, argumentó el abogado a periodistas al explicar lo que dijo su cliente.
Cuando se le preguntó quién era el jefe, respondió: “Directamente es el presidente de la República, quien le dijo que iba a ir su hijo a hablar con él y le derivaron al señor Viera para que él le hiciera entrega a la ONG para poder cumplir el programa del Indi con este aporte”.
Óscar Viera es el presidente la Fundación Reforeast Par y, al igual que Quesnel, está preso y procesado.
“El señor Federico Franco le ordenó que entregara el dinero a esta ONG. Quien acompañó y llamó varias veces al señor Quesnel para dar cumplimiento de esto fue su hijo Fredy”, enfatizó.
Refirió que tiene como pruebas los cruces de llamadas, “más todos los días que se reunieron, más la extracción del dinero”.
Los G. 3.100 millones que hasta hoy no son recuperados eran para dos comunidades indígenas que debían ser resarcidas por el Estado paraguayo, según sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.