La Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi) contrató al abogado Rafael Fernández para recuperar unos 123 millones de dólares de sus arcas que fueron desviados al exterior. El documento establece que el pago por los servicios profesionales será de 4 millones de dólares.
Rafael Fernández comenzó a trabajar como representante de la caja y presentó varias denuncias. Recibió un adelanto de 500.000 dólares.
El asesor jurídico de Itaipú, Eusebio Ramón Ayala, confirmó a ABC Digital que hizo tres planteamientos a las autoridades de la binacional. El primero de ellos es anular este documento. Según el funcionario, el acuerdo entre Cajubi y Fernández “raya lo delictual”.
El segundo planteamiento para Itaipú es que el directorio de Cajubi sea renovado en forma urgente. El tercero es, precisamente, y en caso de que sea necesario, denunciar a las personas que autorizaron la contratación de Fernández, quien en el pasado se desempeñó como fiscal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Hoy se analizarán estos pedidos. Ayala confirmó que el asunto se discutirá en una reunión. Además de él, estarán Franklin Boccia, director paraguayo de Itaipú, y Rafael Fernández.
El contrato cuestionado por Ayala fue firmado durante la administración de Efraín Enríquez Gamón, quien dirigió Itaipú durante el gobierno de Fernando Lugo. El asesor jurídico de la entidad que avaló la contratación de Fernández y los términos del vínculo fue Diego Bertolucci.
El presidente de Cajubi, Gustavo Paniagua, también dio el visto bueno para que Fernández represente a la entidad.
La semana pasada Rafael Fernández planteó a las nuevas autoridades renegociar el contrato. Había señalado que no obtuvo respuestas. Aparentemente, este pedido fue encajonado y hoy será analizado.
Eusebio Ramón Ayala dijo que es prácticamente un hecho que el contrato se anule. Sin embargo, no quiso hablar en términos absolutos hasta que no se produzca la reunión en el día de la fecha.
Cajubi intenta recuperar al menos 123 millones de dólares que se invirtieron en diversos negocios que nunca produjeron dividendos. Lo peor es que el capital mencionado tampoco se logró recuperar.
Las investigaciones
El equipo jurídico que lideró Rafael Fernández hizo varias denuncias y se lograron varias imputaciones de exdirectivos de Cajubi que supuestamente están vinculados en estos negocios.
La fiscala Victoria Acuña realizó las primeras imputaciones. Los casos de Cajubi estuvieron antes en manos del exfiscal Sergio Alegre, quien en más de un año y medio no logró avances para la recuperación del dinero.
Alegre fue denunciado por este caso y suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Resolvió renunciar al cargo.