El 18 de setiembre pasado, en una nota remitida a la fiscala especializada de delitos ambientales de Concepción, Carolina Quevedo, apuntó que era una nueva constitución en la estancia Chaparral, para una “conclusión adecuada” sobre los hechos investigados.
Sin embargo, cuando Quevedo intervino el inmueble, el 25 de julio pasado, se constató la “habilitación de suelo a expensas del bosque nativo para implantación de pasturas, realizada en el sistema silvopastoril, utilizando maquinaria pesada, topadoras y tractores...”. Además se corroboró la alteración de los cursos hídricos con que cuenta la propiedad. Los arroyos fueron taponados para la construcción de caminos de terraplén.
Así resaltó en su informe a la Dirección de Delitos Ambientales de la Fiscalía el perito forestal ingeniero Luis Camilo Martínez.
Incluso mencionó que “en el plano de uso alternativo de la propiedad no se ha declarado o digitalizado gran parte de los cursos hídricos”. Es decir, los responsables del inmueble o del proyecto hicieron una declaración jurada falsa, que también está prevista y penada en la legislación.
Llamativamente, Aguade pidió otra constitución, porque todo lo constatado por la comitiva encabezada por la fiscala Quevedo y por el perito Martínez no era suficiente para concluir que hubo delitos ambientales.
La excesiva tolerancia de Aguade genera por lo menos sospechas, las cuales se fortalecen cuando hasta hoy, desde julio, no hay un solo imputado por el desmonte de unas seis mil hectáreas.
Según fuentes, se habla incluso de injerencia de políticos liberales para blanquear el caso.
El fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Ambientales es Jorge Sosa (liberal).
En el blanqueo de esta causa también estarían comprometidos funcionarios de la Seam y del Infona.
Cuando la comitiva fiscal se constituyó en la estancia, se exhibió una licencia que otorgó la Seam, presuntamente en violación a la ley. Por este hecho los funcionarios de la institución deberían ser imputados.
Caso Armisticio
Otro criminal desmonte que se está blanqueando es el registrado en la estancia Armisticio, distrito de Nueva Esperanza, Canindeyú.
En este caso se habla incluso de la participación del intendente local, Ricardo Aguayo (ANR).
La empresa arrendataria se denomina “El Productor” y el asesor técnico sería el ingeniero Fredy Martínez Alfaro. Hasta ahora también se da una llamativa impunidad para los presuntos implicados en este crimen contra el ambiente.