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Sospechosa desidia de Conajzar y Procuraduría favorece a Mepshow

Este artículo tiene 13 años de antigüedad
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Hay un sugestivo desinterés de la Procuraduría General y de la Conajzar en la demanda que promovió la empresa Mepshow, para pagar un canon reducido y anular una deuda de US$ 10 millones con el Estado por la explotación de la quiniela. Hay grandes intereses económicos en juego.

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El 16 de noviembre pasado, la Sala Penal de la Corte confirmó al magistrado Mario Maidana Griffith, para atender la demanda que presentó Mepshow, junto con sus colegas Amado Verón y Arsenio Coronel.

Hasta ahora, llamativamente la Procuraduría y la Conajzar, que deben defender los intereses del Estado, no notificaron la decisión del alto tribunal, para seguir con el proceso judicial.

El caso está trabado y esto favorece a Mepshow, que había conseguido una resolución de la Conajzar para pagar un canon reducido, hasta tanto el Tribunal resuelva la demanda.

Mepshow, de acuerdo al contrato y con el reajuste, tendría que pagar un canon mensual de más de G. 8.000 millones.

Sin embargo, logró que la Conajzar autorice el pago de G. 6.100 millones “en todo concepto”.
Además, la empresa que tiene nuevos dueños, no admite una deuda superior a los 10 millones de dólares.

En su escrito ante la justicia, el procurador Pedro Valiente Lara había solicitado que se rechace la demande y advirtió que se está causando un grave daño al patrimonio el Estado. Ahora, sugestivamente, no impulsa la causa, lo que fortalece la sospecha de que el propio Ejecutivo estaría avalando esta situación ilegal.

Tanto la Procuraduría como la Contraloría, en sendos dictámenes, recomendaron la rescisión del contrato con Mepshow. Empero, las miembros de la Conajzar hacen caso omiso a dichas sugerencias.

Habría fuertes injerencias en el caso, atendiendo la millonaria ganancia que deja la explotación de los juegos de azar y que beneficiaría a una rosca en perjuicio del Estado paraguayo.

Ahora se quiere usar a la justicia para blanquear la situación ilegal, según los numerosos dictámenes.

Funcionarios responsables

-El procurador general, Pedro Valiente, y la abogada María José Barreiro son los que intervienen en representación del Estado. Los mismos son los responsables de impulsar la causa y de hacer la notificación que está pendiente.

- El desinterés de ambos funcionarios genera una fundamentada sospecha. Es inadmisible que del 16 de noviembre hasta hoy no hayan notificado a las demás partes de la decisión de la Corte, de confirmar al magistrado Mario Maidana Griffith.

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