El Tribunal de Sentencia integrado por Elio Ovelar, Daniel Ferro y María Luz Martínez encontró probada la acusación de la fiscala Liliana Zayas por el hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Según los datos, Fernández actuó en su rol de oficial de justicia dentro de un juicio laboral contra el consorcio de copropiedad del edificio del Círculo Paraguayo de Médicos. El mismo habría certificado falsamente documentos públicos que involucraron y perjudicaron al conocido abogado y catedrático Darío Ramón Caballero Bracho. Este último se desempeñó como presidente del mencionado condominio en el periodo 2007 y 2008.

El oficial de justicia condenado en varias ocasiones habría incluido en sus notas de embargo a Caballero Bracho, señalándolo como único responsable del pago del consorcio demandado, atribuyéndole calidad de demandado sin ser parte en el proceso judicial.

Teniendo en cuenta que la demanda fue interpuesta contra la persona jurídica y no contra la persona física, el oficial embargó únicamente los bienes de la víctima, tales como cajas de ahorro y vehículos de su propiedad. Este se habría percatado de lo acontecido con su patrimonio en el año 2012, tras intentar de manera fallida hacer una operación bancaria, por lo que denunció.