Resaltó que el objetivo es lograr la actualización de las resoluciones judiciales, a fin de hacerlas más claras e inclusivas para las personas usuarias del sistema judicial. Remarcó que hay que formular un instrumento que permita el uso del lenguaje claro e inclusivo, no discriminatorio.

Entre las recomendaciones del grupo, la profesional puntualizó la necesidad de la adopción de normas, por parte de los estados, para homogeneizar la redacción de sentencias y buscar un equilibrio entre el rigor técnico necesario de las expresiones y comprensión por la ciudadanía.