La causa de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y tortura ya cumplió 17 años desde la imputación a los supuestos responsables, pero debido a las chicanas que promueven impunemente los acusados, ni siquiera se puede realizar la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa es elevada o no a juicio oral.

El 11 de agosto pasado el fiscal Fabián Centurión presentó urgimiento a la Sala Penal para que se resuelva la recusación contra el juez penal de garantías Gustavo Amarilla.

El magistrado fue recusado por el comisario (r) Merardo Palacios, antes de la audiencia preliminar el 3 de agosto de 2016, y a más de un año de la promoción del recurso dilatorio, no se puede realizar la diligencia.

La Sala Penal de la Corte hace más de 6 meses que tiene en su poder la recusación, pero no se expide, paralizando de esta manera la prosecución del caso.

El juez Amarilla ya fue recusado en varias ocasiones, pero los jueces de primera instancia, camaristas ni los ministros de Corte se animan a sancionar a los chicaneros del proceso penal más prolongado que se conozca.

También están procesados el exministro del Interior Walter Bower y el policía Osvaldo Vera. El comisario Basilio Pavón, quien igualmente estuvo procesado, falleció hace unos años.

La causa se inició por los apremios físicos sufridos por el comisario Alfredo Cáceres y el oficial Jorge López, detenidos bajo sospecha de sublevación contra el gobierno de Luis González Macchi, en mayo del año 2000.

Pavón, Palacios y Vera fueron imputados el 28 de julio de 2000 por torturas. Siete meses después –el 11 de febrero de 2001– Bower, entonces secretario de seguridad, corrió la misma suerte.

Los procesados fueron acusados el 8 de agosto de 2001 y desde entonces la audiencia preliminar es trabada sistemáticamente por los acusados.