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Ortiz Barrios destaca que la propia doctrina sostiene que conductas profesionales de este tipo son las que desnaturalizan el debido proceso por el abuso del derecho de litigar.
“Lo que agrava la situación cuando los que violentan o violan el proceso reclamando que sus argucias ilegítimas sean accedidas en nombre de la vigencia y defensa misma del debido proceso, son los propios auxiliares de la justicia, al convalidar con su consentimiento profesional la evidente ilegitimidad de la pretensión”, afirmó.
“Las partes y sobre todo los abogados deben tomar en cuenta que al hacer fraude, estafa o incorrección en el proceso o accionar con temeridad procesal, no solo incurren en abuso del derecho, sino también vulneran, además del debido proceso, las atribuciones y majestad del juez y los derechos de la parte contraria”, acotó.