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En la demanda, Cuevas explicó que el 13 de agosto del 2003, una comitiva fiscal-policial encabezada por el fiscal Édgar Sánchez allanó dos oficinas del edificio 14 de mayo, una perteneciente a la empresa Asesora Integral SRL y otra a la Fundación Jajohaihupa Ñande Retãme, a cargo del ahora demandante.
La acción afirma que el procedimiento llevado a cabo de manera aparatosa, se realizó en el marco de una investigación sobre supuestos atentados contra el dictador cubano Fidel Castro, entonces de visita en nuestro país.
Los investigadores buscaron armas y otros elementos que pudieran sostener la versión de que dichas oficinas serían utilizadas para atentar contra Castro, pero nada hallaron.
Cuevas explicó que el fiscal no abrió proceso y luego de pedir al agente que aclare su situación, el 29 de octubre del 2008, informó que no existía proceso alguno.
Rodas resolvió archivar el caso, tras hacer lugar a una excepción de prescripción planteado por los abogados Eladio Laterza y Silvia Centurión, representantes legales de la Policía Nacional y de la Procuraduría General de la República, en ese orden.
Sobre la cuestión de fondo, el magistrado destacó que a su criterio la acción debió ser promovida directamente contra los funcionarios responsables del allanamiento, y en forma subsidiaria contra el Estado.