Ayer las 18:45, luego de una caldeada sesión extraordinaria, los concejales votaron y decidieron enviar al Ministerio del Interior el pedido de intervención de la municipalidad de Lambaré. La reunión tuvo que realizarse en el comedor de la comisaría 4ª Central, a metros del palacete municipal, debido a que funcionarios y adherentes al intendente Armando Gómez impidieron que se sesione en la institución.
Votaron por la intervención: Daniel Molinas (PLRA), Nelson Medina (PLRA), Luis Paciello (FG), Víctor Silvera (ANR), Adolfo Sosa (PLRA), María Gloria Valenzuela (PQ), Blas Delgado (ANR), Santiago Maldonado (ANR), Guido González (ANR) y el titular de la Junta, Fernando Báez. Votó contra la intervención Lorenzo Mendieta (PLRA) y el concejal Alfredo Lezcano estuvo ausente por motivos de salud.
El Ministerio del Interior deberá pasar en el plazo de seis días los antecedentes del pedido de intervención a la Cámara de Diputados, donde una comisión especial deberá investigar los hechos denunciados y tiene que expedirse en un máximo de 15 días.
En caso de ser otorgado el Acuerdo por la Cámara Baja, el Poder Ejecutivo decretará la intervención y designará al interventor dentro del plazo de quince días. El nominado asumirá la dirección de la municipalidad y el intendente quedará suspendido en sus funciones mientras dure la fiscalización.
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La sesión extraordinaria en la que se decidió la intervención de la Comuna lambareña comenzó ayer después de las 15:00, luego de ser superados varios incidentes.
Primeramente, funcionarios de la municipalidad no dejaron ingresar a los ediles a la institución, quienes debido a ello se trasladaron a la comisaría cercana. Luego de unos 15 minutos, el comisario los invitó a “abandonar el sitio”. Finalmente, optaron por reunirse en el comedor de la dependencia policial.
La fiscala Blanca Agüero acudió al lugar y resaltó que en la Municipalidad no existían garantías para realizar la sesión, por lo que fueron hasta la comisaría.
El principal cuestionamiento a la gestión de Gómez es la falta de pago a funcionarios de la municipalidad con una demora de entre tres y cuatro meses, además por el supuesto malgasto del dinero de Fonacide en la merienda escolar y en la adjudicación de obras, arbitrariamente, por vía de la excepción (sin licitación).
Una vez aprobada la intervención, los seguidores de Gómez no dejaban salir a los concejales. Les tiraban piedras, huevos y petardos desde la plaza ubicada frente a la mencionada comisaria.
Ya a las 19:20, los ediles salieron de la sede policial en un camión blindado de los efectivos antimotines. Con la salida de los legisladores los manifestantes se dispersaron.