Entre setiembre y octubre, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a cargo de Eduardo Petta San Martín, firmó contratos con la empresa Sociedad Constructora Chaco SA para la construcción de un total de 98 espacios educativos y de desarrollo infantil por un total de G. 39.994.948.983, que son unos US$ 6.308.351 al cambio actual.
Los acuerdos se hicieron vía excepción alegando el decreto presidencial de abril pasado, que declaró en situación de emergencia la infraestructura de los establecimientos educativos del país. El dinero proviene mayormente de los Fondos para la Excelencia de la Educación.
Uno de los dueños de la empresa contratada es Marcial Manuel López Cano, presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), entre 2002 y 2008, cuando renunció.
Un documento de la Contraloría General de la República indica que la administración de López dejó perjuicios patrimoniales a la institución. Además, un examen especial realizado por la misma Contraloría señala que la administración de López Cano “ha demostrado reiteradamente su empecinamiento en no precautelar los intereses de la institución y la ciudadanía”, según publicaciones periodísticas.
El otro dueño de Sociedad Constructora es Luis Gulino Canese, representante del Consorcio Chaco-Covipa, que en 2017 tuvo a su cargo la construcción del Poder Judicial de Villarrica. Solo dos años después, en marzo pasado, el edificio tuvo importantes desprendimientos de los revestidos de piedra.
Gulino es cuñado de Osmar Ludovico Sarubbi, a su vez contratado por Sociedad Constructora Chaco para las aulas que se construirán en Caazapá.
Sarubbi también fue presidente de Essap hasta que renunció en 2017. Él y otros 40 funcionarios están imputados por un supuesto perjuicio patrimonial de más de G. 17.000 millones entre los años 2015 y 2016, a través de cheques en carácter de anticipos de fondos a rendir. El destino del millonario monto nunca se conoció debido a que los gastos no fueron justificados.
Marcial López dijo que nunca fue investigado por irregularidades en Essap.
Sarubbi indicó que tiene derecho a trabajar mientras la Justicia hace su trabajo.