El presidente de la Junta, Humberto Blasco (PLRA), y una comitiva del legislativo se hizo presente ayer en la Contraloría General de la República (CGR) para presentar su descargo ante el ente que había realizado una auditoría que desnudó varias irregularidades.

Entre ellas, informó que el legislativo oficia de ordenador de gastos, constituyéndose en una entidad administrativa autónoma a la Administración Municipal, fuera de las atribuciones constitucionales y de la Ley Nº 3966/10 Orgánica Municipal.

El abogado Emilio Camacho, quien elaboró la respuesta de la Junta, alegó que la administración paralela es legal. Dijo que la CGR desconoce los Art. 156 y 166 de la CN que dictan que los municipios gozan de la autonomía política, administrativa y normativa. Además, citó el art. 167 que dice que el gobierno local está a cargo de un intendente y de una junta municipal. “La Junta nunca recaudó, por lo que no hay una recaudación paralela”, afirmó.

En el informe de la auditoría también se confirma la existencia de planilleros. Por ejemplo, se constató que 65 funcionarios no cuentan con carga horaria laboral uniforme. Asimismo, un total de 30 funcionarios que forman parte del listado bajo el régimen de marcación diferenciada no les corresponde acogerse a dicho beneficio.

El documento arrojó que 98 funcionarios percibieron el 30% sobre el salario presupuestado en concepto de bonificación por nocturnidad, sin cumplir funciones en los horarios de 20:00 a 06:00.

Un total de 99 contratados jornaleros de la Junta Municipal, Defensoría y Juzgado de Faltas, es beneficiario de bonificaciones por “gestión administrativa”, sin que dicho beneficio adicional se halle contemplado en las normas aplicables, generando una erogación mensual de G. 55.883.129.

Medidas tomadas

En cuanto a los planilleros, la Junta informó que ha eliminado la marcación diferenciada, detuvo la movilidad entre dependencias y realiza controles diarios.

La Contraloría tiene un plazo de 20 días para responder a los descargos jurídicos presentados.