El propio rector denunció por supuesto hecho punible de coacción ante el Ministerio Público a los estudiantes Camila Corvalán, Aurora Lezcano y Martín Couchonnal. También al docente José Carlos Lezcano y a la egresada Cecilia Fick. El abogado defensor Guillermo Ferreiro afirmó que “la denuncia que se realizó fue genérica, se le confunde a una egresada con una docente. Incluso las declaraciones testificales son muy iguales, casi calcadas y con los mismos errores ortográficos”.

Los estudiantes aseguran que al recurrir a la justicia se viola la autonomía universitaria de la UC.

No se viola autonomía

El abogado César Ruffinelli, integrante del Consejo de Gobierno de la UC, afirmó que “la legislación penal indica que si estamos ante un hecho punible se debe denunciar y es eso lo que se hizo para salvaguardar a la propia comunidad educativa”, indicó.

Agregó que “no se violó en ningún momento la autonomía universitaria y eso se puede corroborar en el artículo 33 de la Ley 4995 de Educación Superior y en el artículo 79 de la Constitución Nacional. Deben entender que la UC es una persona jurídica de derecho privado. Por ejemplo, años anteriores en el caso de los ‘compranotas’ también la UC formuló una denuncia similar a esta y no se violó ninguna autonomía, al contrario”, enfatizó.