Directivos de la empresa de transporte público "La Sanlorenzana SA" (Línea 56), perteneciente a la familia Peña, anunciaron que seguirán circulando sobre el itinerario de la Línea 45 (fusionada con la Línea 33) hasta que sean notificados de los cambios correspondientes por la Setama. La firma ganó la licitación del tramo, pero un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reveló que el ente regulador cometió errores insalvables al cancelar a las antiguas permisionarias "Fraternal SRL" (Línea 33) y "Ciudad Universitaria SRL (Línea 45)" en el 2004. Actualmente las poblaciones de San Lorenzo y Fernando de la Mora quedan en la incertidumbre sobre el futuro del servicio.
Lendy Peña, directiva de La Sanlorenzana, señaló que ya estaban enterados de esta situación y reiteró que el interventor del ente, el gobernador de Central Carlos Amarilla, les había prometido utilizar su injerencia ante los jueces que anularon dicha licitación. "Solamente en buses tenemos invertidos un millón de dólares", se lamentó al anunciar que respetarán lo que disponga el Poder Judicial.
Agregó que unos 60 conductores de la empresa se verían afectados al perder el tramo y además cuestionó al jefe departamental por haber legalizado a la Línea 133. También negó que la fusión de las líneas 33 y 45 haya dejado sin transporte a sectores de San Lorenzo. Pese a que prevé que la Setama planifique una solución a lo acontecido, reiteró que corresponde demandar a la institución ya que la empresa ganó una licitación en forma sin que la misma esté condicionada a esta posibilidad.
Moroso anuncia retorno
Pedro Cabrera, dueño de "Fraternal SRL" y "Ciudad Universitaria SRL", dijo a su turno que pretende recuperar las líneas 33 y 45, ya que la Corte Suprema reconoció su derecho.
Anunció que traerá al país 60 buses en condiciones aceptables para ello y que, contradictoriamente, no piensa saldar su deuda de 20 millones de US$ con el BNF. Cuestionado sobre este punto, señaló que se encuentra buscando socios con capital e indicó que el Decreto 7506/2000, que prohíbe la renovación de permiso a firmas morosas, es inconstitucional habiendo jurisprudencia al respecto.
Dijo además que las deudas de los transportistas metropolitanos son productos del gobierno del ex presidente Wasmosy, quien les extorsionó para que retiren estos préstamos.
Autoridades de la Setama anunciaron que ambas firmas serán sumariadas para cumplir lo que dispone la Corte, pero dudan de que supere los requisitos de habilitación, lo que permitiría licitar los tramos nuevamente.