“La ley tiene claramente deficiencias que deben ser solucionadas; por ello desde el 2011 aún no se pudo llegar a un consenso”, dijo. Para recibir sus haberes, los docentes en edad de jubilarse necesitan que el Estado, a través de Hacienda, pague a IPS por los años que no pudieron aportar para su jubilación debido a una ley que les negaba ese derecho. En esta situación están alrededor de 1.000 educadores.

Peña agregó que la jubilación involucra a docentes privados con salarios que van de G. 15 a 20 millones, y que Hacienda no está en condiciones de utilizar recursos públicos para otorgarlos a los que no son contribuyentes.

“Estamos dando recursos públicos para darles pensión a adultos mayores en estado de pobreza que solamente alcanza G. 450.000 por individuo; por ello, sería una tremenda injusticia tener que destinar recursos públicos para darle jubilación a un maestro que ha tenido un ingreso de G. 20 millones”, apuntó.

Los docentes del sector privado presentes aseguraron, por su parte, que ningún maestro privado gana esa suma. “Es absurdo y una exageración del ministro”, indicaron.

Peña añadió que antes de fin de año van a solicitar al Congreso que revea la ley, y aseguró que, como en ningún otro gobierno, se ha intentado encontrar una solución al problema.

“Este ha sido el primer gobierno que está honrando mes a mes sus obligaciones por representación del Ministerio de Educación con el IPS, y ha sido el único gobierno que ha pagado una deuda histórica de más de 25 años que se venía acumulando. El compromiso del Gobierno es claro en cumplir con estas obligaciones, y estamos trabajando para solucionar el problema”, dijo.