SAN ANTONIO (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Justicia y cierre de la curtiembre Inducuer SA, cuyo principal responsable es Gustavo Pérez exigieron los familiares y amigos que se manifestaron ayer frente a la municipalidad local. Allí perdieron la vida dos obreros que trabajaban en precarias condiciones.
Los manifestantes fueron recibidos por los concejales, Víctor Dárdano (PEN) y Ramón Palacios (PRF), y con carteles y cánticos exigían justicia para los fallecidos y el cierre inmediato del local, que hasta ayer seguía operando, pese a la orden de clausura de la comuna y de la Secretaría del Ambiente (Seam).
“Exigimos justicia para las personas que murieron en la curtiembre y el cierre del local, porque tanto la Seam, el Ministerio del Trabajo y la Fiscalía detectaron que está operando en forma irregular. Es hora de que se hagan bien las cosas”, expresó Gerardo Giménez, hermano de uno de los fallecidos, Carlos Miguel Giménez (44). La otra víctima es Hugo Gómez (42).
Dijo que estas muertes deben servir para que las autoridades inicien un control más estricto de todas las empresas e industrias que operan en la zona.
El edil Víctor Dárdano (PEN), indicó que solicitaron al intendente, Raúl Mendoza (PLRA), un informe detallado. “De manera urgente solicitamos un informe a la intendencia de la situación de la curtiembre. Cómo puede trabajar sin habilitación de la Seam y sin patente comercial. Además pedimos detalles de las otras empresas”, expresó Dárdano. El asesor jurídico de la comuna, Alberto Velázquez, comentó que la comuna, mediante la resolución nº 25/16 ordenó la inhabilitación de la mencionada firma por tres días. Si en dicho plazo no se adecuan a las leyes ambientales y laborales será ampliada la inhabilitación. Velázquez reconoció que la firma operaba sin autorización de la comuna desde junio del año pasado y que fue notificada en varias ocasiones por para regularizar su situación. Pese al caso omiso de los empresarios, la municipalidad no clausuró la curtiembre hasta que el lunes último ocurrió la tragedia.
La fiscala Laura Ávalos imputó a uno de los principales directivos, Gustavo Pérez Codas, por homicidio culposo y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso y solicitó prisión, pero la jueza Isabel Bracho, en una audiencia sin la presencia de la fiscalía, otorgó medidas alternativas, tras recibir como fianza un auto y la suma de 100 millones de guaraníes de los abogados.
El Ministerio del trabajo corroboró que la firma operaba sin el mínimo sistema de seguridad al igual que la Seam, que detectó el incumplimiento del plan de gestión ambiental.