Ayer, la Cámara de Senadores postergó el tratamiento del proyecto de ley de trabajo doméstico, presentado por el senador Derlis Osorio. Se pospuso por 22 días, plazo en el que analizarían estudios financieros sobre el impacto de otorgar el salario mínimo al empleo doméstico. Para las trabajadoras, con esta decisión persiste la discriminación legal y no ven voluntad política para revertirla.

El proyecto de ley se hallaba en el segundo punto del orden del día de la sesión de la Cámara Alta, pero una vez puesto a consideración de inmediato se solicitó su postergación.

“Parece que no quisieron ni siquiera hablar sobre el tema. No le dan importancia a este sector de alrededor de 200.000 trabajadoras”, Marciana Santander, de la Asociación de Empleadas del Servicio Doméstico del Paraguay (ADESP).

“Teníamos esperanzas y no se dio, pero no vamos a bajar los brazos, seguiremos en esta lucha hasta lograr la equiparación”, Librada Maciel, del Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Afines de Itapuá (Sintradi).

“Nosotras tenemos derecho al salario mínimo y vamos a seguir peleando para contar con una ley justa, que no discrimine”, Myriam Agüero, Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay (Sintradop).

Desde tempranas horas, las representantes de las organizaciones se reunieron frente al Congreso, a la espera del tratamiento del proyecto. Algunas ingresaron al recinto parlamentario y otras permanecieron expectantes en la plaza.

El proyecto de ley ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Equidad y Género del Senado para la propuesta del senador Osorio, con las modificaciones sugeridas por la mesa de trabajo multisectorial de la cual participaron las organizaciones de trabajadoras domésticas. Entre otros aspectos, el proyecto establece el derecho al seguro social obligatorio, al régimen de 8 horas laborales, al salario mínimo legal y la estabilidad laboral.

El trabajo doméstico ocupa a una de cada 5 mujeres y se calcula que 200.000 paraguayas realizan esta labor. Sin embargo, este trabajo es el único al que la propia ley le restringe derechos laborales.

La mayoría de las trabajadoras domésticas son mujeres jóvenes, pobres, campesinas migrantes del campo a la ciudad, con baja escolaridad y guaranihablantes; sobre estas mujeres se entrecruzan patrones de discriminación por razones de género, clase social, lengua y edad.