El titular del Cones, Hildegardo González, señaló que el consejo tiene cinco días hábiles para dar una respuesta a la UNA. Si satisfacen los argumentos presentados por la universidad para evitar una intervención, el Cones se pronunciará antes o después del periodo de tiempo establecido. De igual modo, si decide no dar lugar a la petición de la UNA, lo informará en el mismo periodo de tiempo.

Por su parte, la ministra de Educación, Marta Lafuente, señaló que la intervención tiene un marco legal que está basado en la Ley de la Educación Superior.

“Lo que hay que entender es que una instancia de intervención lo que hace es gestionar los procesos que restituyan la normalidad del funcionamiento y encare las transformaciones de las que es capaz la UNA”, explicó.

Afirmó que los miembros del consejo deben analizar todos los acontecimientos para actuar con la máxima responsabilidad. “Aquí tenemos que poner lucidez, cordura y claridad al proceso. Se espera responsabilidad y nada de sectarismos; nada de llevar agua a los molinos particulares. Está por encima de todo el interés superior de la nación y la restitución de las funciones fundamentales de una universidad: docencia, investigación y servicio”, dijo.