Por lo general son actos de gran parafernalia, con elementos propios de un mitin político para que los figurones del momento muestren su cara y lo mucho que trabajan por el pueblo. Al mismo tiempo le da un ropaje de “transparencia” a una muy sofisticada forma de maquillar escandalosas tragadas de dinero público en licitaciones dirigidas en pago a asesores, consultores, proveedores.
Un clarísimo ejemplo es el caso de un programa conocido como “70/30”, implementado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Gobernación de Itapúa, en el año 2015. Pequeños agricultores que recibirían viveros y otros recursos de infraestructura asumieron deudas con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) para su aporte como contrapartida, pero la empresa adjudicada Rocalex SA quebró y desapareció. Hoy unos 50 campesinos están con sus deudas impagas y el Estado paraguayo con el clavo.
Gracias a la corrupción que campea, los únicos que ganan en esta “guerra” son los privilegiados del entorno de poder, mientras la pobreza y exclusión de los sectores menos favorecidos se agudizan cada vez más a diario.
Nuestro país necesita un cambio de timón, que lamentablemente no se está viendo. Mejorar las condiciones de vida de la gente no encierra ningún secreto. Desde la época de los jesuitas ya se sabe lo que debemos hacer, afirma un conocedor de la problemática campesina.
Nuestro problema de fondo no es falta de recursos, de condiciones, o ganas de salir adelante, sino la falta de honestidad, la ausencia de patriotismo en quienes conducen la nave.
Es obvio que para ese esquema de corrupción que se beneficia de la pobreza no tiene ningún interés en eliminar ese estado de necesidad. Sería como matar la gallina de los huevos de oro.