Desde el punto de vista económico, el dinero a recaudarse puede ser usado para volver a inyectarse en la economía abaratando el crédito. Si actualmente el IPS recauda por ejemplo US$ 2.000.000 por día con el 20% de fuerza laboral activa –con evasión incluida–, si llegamos a un 80% de fuerza laboral estaríamos recaudando US$ 8.000.000 por día. Parte de este dinero puede ser reinsertado a la economía en créditos para empresas, como lo hizo una empresa telefónica. Además de que la cobertura médica libera al empresario de abonar costes adicionales por este concepto. Actualmente las demandas por accidente de trabajo rondan los G. 200.000.000 en reclamos. Con la jubilación de los empleados, el empresario puede reducir su pasivo laboral con la tranquilidad de que el seguro cubrirá la prestación cuando su trabajador salga de la empresa.
Desde el punto de vista social, el sistema de seguro permite que el trabajador pueda acceder a la jubilación o las prestaciones por invalidez, lo que implica que esta persona pueda seguir siendo un potencial consumidor de productos al tener poder adquisitivo cuando deje de producir, además de que en muchos casos pueden sostener a otras personas en dificultades. Una persona sin este potencial se vuelve una carga para sus familiares, quienes deben de sustraer de sus ingresos una importante cantidad para sostener a su padres, lo que le produce un descalce en sus finanzas. No es de extrañar que los trabajadores con estos problemas tengan dificultades financieras, que luego arrastran a su puesto laboral. Actualmente, las personas que no cuentan con una jubilación pasan a engrosar la lista de personas que reciben prestaciones por vejez y a utilizar el sistema de salud pública, siendo una carga para el Estado y por extensión a todos los contribuyentes.
Desde el punto de vista legal, nuestro sistema prevé el seguro obligatorio de los trabajadores, por lo que la no inscripción implica una contravención a la normativa que generan multas por parte del IPS, además de otros costes como mencionamos en caso de accidentes de trabajo. Actualmente se encuentran “de moda” en los Tribunales las demandas por falta de pago de aportes al IPS por parte de los trabajadores, siendo varias las empresas condenadas a pagar considerables sumas de dinero al sistema de seguridad social por no inscribir y aportar por sus trabajadores desde el momento en que empezaron a prestar servicios para la Empresa. Es decir que actualmente se corre el riesgo de terminar pagando el triple de lo que se debía, pues al aporte adeudado se le deben sumar las multas y los intereses (es decir que se paga igual, pero mal).
Puestas así las cosas, al empresario le beneficia el seguro social, pero el sistema no funciona si solo algunos cumplen con la Ley, los gremios empresariales deben exigir que TODOS cumplan a fin de que puedan estar en igualdad de condiciones en cuanto a costos, que los trabajadores puedan jubilarse a fin de que este grupo de personas puedan seguir activos en el consumo, y que el dinero aportado pueda servir de fuente de crédito a bajo costo a fin de fomentar nuestras empresas. El sistema puede funcionar si nos preocupamos en que personas capaces e idóneas puedan administrar los ahorros de los trabajadores y empresarios, necesitamos con urgencia una planificación a largo plazo de lo que pretendemos para el IPS, tanto para el sistema de salud como para el régimen jubilatorio. Los beneficios que se pueden obtener de una correcta planificación son mayores de los que obtenemos actualmente, y siendo el empresario el que lleva la mayor carga, es de esperar de sus gremios mayor seriedad con la utilización del dinero que sale del bolsillo de sus asociados, en definitiva pueden ser los mayores beneficiarios de que el sistema tenga sostenibilidad.
(*) Abogado, máster en Derechos Socio-laborales por la Universidad Autónoma de Barcelona.