Nuestros partidos nunca estudiaron el tema de a qué cadena productiva regional nos conviene integrarnos y a cuáles no porque suponen riesgos para nuestra soberanía; jamás analizaron qué porcentajes de autopartes debemos importar para sostener nuestra industria automotriz; ni qué nivel arancelario podemos admitir sin convertirnos en provincia de Brasil o Argentina; ni otro aspecto cualquiera del asunto.
Lógicamente, el resultado es que las decisiones nacionales sobre el tema quedan en manos de funcionarios no electos por el pueblo de los ministerios de Relaciones Exteriores e Industria y Comercio que, si tenemos suerte, palian el vacío con su patriotismo e ideas personales, y si no tenemos suerte, sacrifican el interés nacional paraguayo por razones particulares como ocurrió nada menos que en la negociación del acuerdo energético del 24 de mayo con Brasil.
Y así en todo, a lo largo y a lo ancho de la administración pública.
Nuestros partidos políticos no son, en realidad, “políticos”. Son asociaciones de personas que quieren aprovecharse del Estado para medrar. Estas personas ingresan a los partidos para hacer negocios particulares con la información privilegiada que se obtiene en los cargos públicos a los que acceden por su pertenencia partidaria.
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Las declaraciones del ex canciller y actual senador Luis Castiglioni sobre el acuerdo energético del 24 de mayo con Brasil no dejan lugar a dudas: El canciller no tuvo el poder de designar al embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero, quien fue designado a pedido de José Alberto Alderete; no se le permitió dirigir la negociación, que debió delegar en Saguier, quién trajo como asesor técnico a otro recomendado de Alderete, Alcides Jiménez, quien a su vez tenía vínculos con Joselo Rodríguez González, hombre de confianza del vicepresidente Hugo Velázquez.
En síntesis, la negociación energética se realizó en un nivel subterráneo, por gente que tenía información privilegiada sobre el asunto y que la usó en beneficio propio sin importarle que ese beneficio fuera en perjuicio del interés nacional paraguayo.
Lo mismo ocurre con las licitaciones en el Instituto de Previsión Social y en todo lo demás, sin excepción alguna.
Nuestros partidos políticos son la tapadera de estas personas que manejan el poder y carecen, nuestros partidos, de políticas, programas y principios sobre los temas reales de nuestra vida nacional porque tener políticas expresas, programas declarados y principios definidos sobre cada tema real de nuestra vida nacional permitiría el control popular sobre dichos temas.
Para destruir este poder subterráneo es que necesitamos leyes de trazabilidad de aportes a candidatos partidarios, de declaración pública de bienes de los funcionarios, de declaración pública de vínculos de todos los que reciben dinero público.