El pasado 20 de agosto me tocó cubrir la declaración del expresidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, ante la Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento del Acta Bilateral, que había provocado una feroz crisis política que casi deja fuera al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente, Hugo Velázquez.
Soroka fue uno de los tres miembros de la citada comisión que, antes que hacer preguntas que trajeran más luz sobre el grave tema, utilizó dicha plataforma para actuar como un auténtico abogado defensor del Vicepresidente. Comenzó su intervención atacando al declarante, acusándolo de haber violado la Ley de la Función Pública al entregar un “documento oficial a una persona extraña”, es decir, a “Joselo” Rodríguez.
En su descargo, Ferreira admitió haber entregado a Rodríguez la famosa “ayuda memoria”, que contenía siete puntos (que no se tuvo en cuenta en las negociaciones con los brasileños), entre los cuales está el famoso “Ítem 6”, en el que se planteaba la posibilidad de que ANDE venda en el mercado brasileño la energía que iba a contratar demás de Itaipú, “gracias” al Acta Bilateral.
Ferreira dijo que estaba convencido de que “Joselo” sí era un funcionario de la Vicepresidencia, dado que el supuesto abogado había llegado hasta él invocando, precisamente, el nombre del Vicepresidente, quien –a su vez– le había solicitado que le atendiera.
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Independientemente de que Velázquez esté o no involucrado en algo ilegal, lo llamativo de la actuación de Soroka fue su defensa al supuesto rol constitucional del segundo del Poder Ejecutivo. Decía este diputado que la única intención de Velázquez fue dar la bienvenida a potenciales inversionistas extranjeros, con la sana y, quizás “inocente”, intención, de beneficiar al Paraguay.
Es importante aclarar que el rol constitucional del vicepresidente no es ese. Según el Art. 239 de la Carta Magna, los deberes y atribuciones de quien ejerce la vicepresidencia de la República son: Sustituir de inmediato al presidente de la República en los casos previstos por la Constitución; representarlo nacional e internacionalmente; participar de las deliberaciones del Consejo de Ministros, y coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
No es función del Vicepresidente recibir a supuestos inversionistas. Lo usual es que, cuando un emprendimiento es considerado relevante, los interesados en desarrollarlo en el país solicitan una entrevista con el propio Presidente de la República, a la cual concurren casi siempre acompañados del titular del ministerio del ramo.
Terminada la etapa exploratoria y los estudios pertinentes, los capitalistas suelen presentar sus proyectos, que luego son examinados y aprobados, o no, por el Consejo Nacional de Inversiones, del cual forman parte los ministerios de Hacienda e Industria y Comercio, que tienen la atribución legal de conceder los incentivos correspondientes.
Sin embargo, cualquier contacto informal que se realice desde instancias superiores, como Vicepresidencia, inevitablemente parecerá tráfico de influencias. Además, esa práctica es un retroceso institucional, que no conviene al país, cuyas autoridades deben dar a los inversionistas la confianza de que serán atendidos correctamente.
Un gobierno debe dar la suficiente confianza de que el empresario no será discriminado, ni objeto de extorsión o chantaje, que eran prácticas muy comunes en tiempos de la dictadura, cuando los propios jerarcas exigían, no solamente coimas, sino inclusive algún porcentaje de las acciones del emprendimiento a llevarse a cabo.
De más está decir que este tipo de barbaridades ya no deben tener cabida en ningún gobierno que se precie de democrático y transparente.