La sentencia de por sí es grave, pero se hace más grave y desesperanzadora aún porque proviene del propio ministro de Justicia Julio Javier Ríos, el principal responsable de ejecutar la política para el sistema penitenciario nacional de un gobierno que ya lleva más de un año en el poder.
La fuga de los tres reclusos del Primer Comando da Capital (PCC) del penal de Itapúa, tomando como rehén al jefe de los guardias, volvió a evidenciar el gravísimo problema que existe en nuestras cárceles en las que se siguen incubando huevos de serpiente, ya que son el lugar ideal para reclutar a nuevos miembros para estas organizaciones criminales entre quienes tienen poco y nada que perder.
Solo en el Centro de Rehabilitación Social de Cambyretã existían hasta el viernes, ya que podrían haber aumentado, 92 “soldados” del grupo criminal, mientras que el gobierno estima en más de 400 la cantidad de miembros de esta organización en las diferentes cárceles del país.
La mayoría de los integrantes de esta organización criminal ya está compuesta por delincuentes paraguayos, y mientras se sigue analizando qué hacer, cada vez son más los reclutados por quienes contribuyeron a hacer un infierno de las cárceles brasileñas.
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Cada día que pasa sin que los integrantes del PCC o del Comando Vermelho sean separados del resto de la población penitenciaria es un día perdido. Un día ganado para estas organizaciones que seguirán alimentándose del sistema carcelario paraguayo mientras los tomadores de decisiones se diluyen en diagnósticos y la burocracia.
Debe existir también un control mucho más riguroso de las visitas, llamadas y contactos que se realizan dentro de las cárceles, y dar las herramientas para exigir a la policía un mejor trabajo de inteligencia policial, centrando los esfuerzos en depurar los recursos humanos de la fuerza pública y el sistema penitenciario nacional.
Está muy claro que la corrupción interna alimenta al monstruo en nuestras cárceles, mientras el presidente plantea una enmienda a la Constitución para sacar a los militares a combatir a estas organizaciones criminales, con la natural aceptación de muchas personas que, ante el fracaso de las políticas de seguridad, apoya la idea de militarizar el combate a la delincuencia organizada.
“Hoy tenemos una capacidad ociosa que no estamos usando adecuadamente contra el crimen organizado” argumentó el presidente para darle fuerza a su idea de debatir la posibilidad de una enmienda constitucional. Tema que le sirve de paso para que pierda intensidad la crisis política que se generó con la enmienda bilateral del 24 de mayo pasado.
Pero centrándonos nuevamente en el planteamiento de utilizar a los militares, uno no puede dejar de hacerse la pregunta sobre qué es lo que puede ocurrir si esta idea se lleva adelante o finalmente no genera los resultados esperados.
Allí tenemos por ejemplo a la Fuerza de Tarea Conjunta, con un presupuesto cada año más multimillonario, sin generar aún resultados contundentes contra grupos criminales como el EPP, que accionan en un perímetro bien delimitado y con una infraestructura y cantidad de miembros muy inferior a las organizaciones criminales brasileñas.
¿Qué será lo siguiente si fracasa la idea militar? La respuesta parece obvia: caer seducidos ante el encanto de algún líder de rasgos mesiánicos y corte autoritario que prometa mano dura y tolerancia cero contra la delincuencia.
Con unas fuerzas públicas totalmente permeadas por la corrupción, una estructura penitenciaria débil en la que con dinero es posible conseguirlo todo, un sistema financiero en el que es posible mover grandes cantidades de dinero sin control y un sistema judicial en el que se trafica impunidad, están construyendo decididamente los cimientos para ello.